Alfredo Serrano
12 de marzo de 2012   
 
··· OPINIÓN
Un mercado vacío de derecho laboral

 

 

La nueva reforma laboral del Partido Popular en España profundiza la ultramercantilización del trabajo que ya venía llevando a cabo el Partido Socialista Obrero Español. Pareciera que ambos partidos, paradójicamente denominados Popular y Obrero, se han puesto de acuerdo para confeccionar un proyecto neoliberal de mejora de competitividad por la vía del ajuste laboral, en claro detrimento del trabajador y sus condiciones laborales. Todo sea por esta particular forma de mejorar la economía. Una economía deshumanizada donde sólo preocupa el valor de los credit default swap, la prima de riesgo y la evaluación de las agencias de (des)calificación que especulan consigo mismas, y en donde el resto, las personas, sólo tienen el rol de contribuir a mejorar la tasa de beneficio de los pocos empresarios que dominan este planeta.

Esta nueva reforma laboral da un pasito más que las recientes, arrebatando al trabajador la propiedad de su fuerza de trabajo. A partir de ahora, el empresario será quien decida cuándo, cuánto y cómo se contrata al trabajador en un mercado en condiciones de extrema desigualdad entre unos y otros. Esta reforma diseña minuciosamente las reglas de un nuevo mercado al servicio del señorío-empresarial que le permita hacer y deshacer aquello que más anhele con su trabajador-vasallo. Para ello, la reforma se dota de mecanismos de letra pequeña que merecen ser soslayados en mayúsculas, siendo éstos algunos de los puntos más significativos.

Primero, la injusta reforma usa un concepto que se desnuda desde el momento que es leído: la “potestad absoluta”. Esta es otorgada al señorío-empresario para tomar decisiones, y así se restringe de facto el derecho de acudir a un juez. Por ejemplo, las empresas ya no necesitarán una autorización administrativa para aplicar expedientes de regulación de empleo para despedir. Segundo, la injusta reforma rebaja la importancia del convenio colectivo; el empresario puede ignorarlo, alegando que le es útil para superar la crisis, con lo que así se elimina la “fuerza vinculante” subrayada en la actual Constitución. Tercero, la injusta reforma apuesta por el despido más barato; se habilita una nueva causa para que el despido sea procedente. Bastan tres trimestres de caída de ingresos para que un trabajador pueda ser despedido de forma procedente, indemnizándolo así con 20 días por año trabajado (con un máximo de 12 meses). Dicho sea de paso, en caso de improcedencia, la indemnización también se ve disminuida de 45 a 33 días por año trabajado.

Cuarto, la injusta reforma permite que el empresario pueda rebajar si quiere el salario de los trabajadores en cuanto exista una caída de ingresos durante tres trimestres (aunque el cuarto trimestre llegara a declarar beneficios record). Quinto, la injusta reforma fuerza a un primer año de trabajo sin derechos laborales; el empresario podrá despedir al trabajador sin alegar motivo, ni indemnizarlo. Dicho de otro modo, los más de 5 millones de desempleados podrían ser trabajadores sin derecho laboral en su primer año de contratación. Y, por si fuera poco, queda prohibido estar enfermo; cualquier persona que tenga dos bajas que sumen nueve días en dos meses puede ser despedido, incluso si contaba con causa justificada y autorización médica.

En resumen, ni enfermos, ni con derechos en el primer año, ni convenio colectivo, sin derecho frente a la absoluta potestad y sin conocer el salario a partir del noveno mes: así quedan para los trabajadores las normas que el Partido Popular propone para mejorar el empleo en España. Un mercado vacío de derecho laboral. Los mal llamados mercados, que no son otra cosa que los poderes económicos que vulneran cualquier sentir democrático, han impuesto sus deseos. El Partido Popular canalizó sus peticiones mediante esta reforma que supone (re)construir la casa desde sus cimientos. Esta vez la política económica neoliberal no comenzó por el desmantelamiento del Estado de Bienestar (que también), sino por forjar el andamiaje de una estructura más desigual entre empresarios y trabajadores. Es una apuesta por una injusta distribución primaria del ingreso donde el pastel sea mayoritariamente disfrutado por unos pocos a costa del hambre de la mayoría. La patronal de los empresarios puede estar contenta porque sigue sin necesitar los votos para seguir gobernando “democráticamente”. Lo próximo será el derecho a huelga.

Alfredo Serrano. Doctor en Economía. Coordinador América Latina Fundación CEPS.

Alfredo Serrano
 
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