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Desvelando los secretos de la RIC

José Manuel Soria, vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, manifestó a los medios de comunicación que la Comunidad Autónoma realizará una nueva emisión de Deuda Pública, por valor de 200 millones de euros, apta para materializar las dotaciones de la (RIC). Los 200 millones de euros que los empresarios “prestarán” a las administraciones canarias, a través de la Reservas de Inversiones servirán - afirmó Soria - “para financiar inversión pública en infraestructuras o de mejora y protección del medio ambiente en el Archipiélago”.

Una buena parte de la población de las islas, que no conoce en qué consiste exactamente la RIC y quienes se benefician de ella, podría interpretar el anuncio hecho por José Manuel Soria como una repentina muestra de solidaridad del empresariado canario. Nada más lejos de la realidad.

La Reserva de Inversiones de Canarias es un instrumento fiscal mediante el cual se otorga a los empresarios instalados en el Archipiélago el privilegio de no tener que pagar impuestos por sus multimillonarios ingresos. La RIC permite reducir la base imponible de los Beneficios No Distribuidos hasta en un 90% en el Impuesto de Sociedades. Puede aplicarse, igualmente, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En este caso, supondría una deducción en la cuota íntegra del IRPF por los rendimientos netos de explotación destinados a la Reserva.

Gracias a la RIC, sólo en el año 2005, 11.442 sociedades dejaron de pagar a la Hacienda pública 2158 millones de euros. Una cifra similar, según el delegado especial en Canarias de la Agencia Tributaria, a la que se “ahorraron” cada uno de los tres años anteriores. Este regresivo mecanismo fiscal, que hace recaer el peso tributario sobre la población trabajadora a través de los impuestos indirectos con los que se gravan los artículos de consumo, ha sido defendido desde su imposición como la herramienta más apropiada "para estimular la inversión de las empresas en las Islas y el crecimiento económico”. Según puede leerse en la web oficial del Gobierno de Canarias, se trata del incentivo más potente del Régimen Económico y Fiscal (REF) ”, con el que, supuestamente, se deberían compensar los perjuicios de la “ultraperificidad” del Archipiélago.

Pero, aunque con las peculiaridades propias de Canarias, la RIC no deja de ser un ejemplo concreto de lo que en la economía neoclásica -lease neoliberal - se denominan “políticas de oferta”. Políticas que potencian la desregulación laboral, las privatizaciones, las subvenciones o desgravaciones fiscales a las grandes empresas, bajo el supuesto de que este estímulo a la inversión privada es la única vía posible para mejorar el bienestar general. La constatación de que tales mecanismos sólo aumentan los beneficios de estas empresas, e indirectamente los de los bancos en los que los beneficios se depositan, a costa de hacer lo propio con las desigualdades y la exclusión social, jamás conduce a los ortodoxos del mercado libre al cuestionamiento de este supuesto. No resulta necesario, una vez que se alcanzan sobradamente sus verdaderos objetivos.

Según todos sus defensores, la Reserva de Inversiones de Canarias, como el resto de “políticas de oferta” que aplica indistintamente la socialdemocracia europea o la derecha tradicional, debería haber servido para crear empleo en las islas. Para que una pequeña parte de las espectaculares fortunas amasadas en estos años revirtiese, en forma de salarios, en un número creciente de trabajadores.

Sin embargo, hoy es de sobras conocido el uso que los privilegiados por la RIC dan a los millones de euros que cada año se sustraen a los fondos públicos. Desde la adquisición de terrenos para continuar depredando el territorio o de apartamentos destinados a la especulación, hasta la compra de bienes de lujo, pasando por todo tipo de actividades fraudulentas, de las que de tanto en tanto tenemos noticia por algún nuevo escándalo de corrupción. Mientras, Canarias mantiene una de las tasas de paro más altas del Estado, sólo superada por Andalucía y Extremadura, y se sitúa también a la cabeza en empleo precario y contratos temporales. Hay un 28,5% de la población viviendo bajo el umbral de la pobreza, y la sanidad y la educación públicas están al borde del colapso.

Significativamente, una de las más lucrativas posibilidades de inversión de los fondos de la RIC vuelve a ofrecerla ahora el Gobierno de Canarias. La nueva emisión de Deuda de la Comunidad Autónoma, por valor de 200 millones de euros, permitirá que los empresarios presten a la Administración el capital que deberían haber aportado a las arcas públicas, si no tuvieran la suerte de estar radicados en este peculiar paraíso fiscal ultraperiférico, y que posteriormente recuperen este dinero con los correspondientes intereses. Pero no acaba aquí el chollo que “nuestros” políticos garantizan a los Santana Cazorla, Tadeo, Ignacio González y demás hacedores del ladrillo. Estos mismos empresarios serán también, con toda probabilidad, los adjudicatarios de las infraestructuras públicas proyectadas, consumando así un negocio redondo, amparados por una ley que hubiera convertido en respetables ciudadanos a los peores mafiosos del Chicago de los años 20.

Por estas mismas fechas, se acaba de conocer que en los próximos seis años el Estado dejará de ingresar 6000 millones de euros, que irán a engrosar la Reserva de Inversiones de Canarias, a la espera de futuras oportunidades. Ya se sabe, business are business.


(Fuente: Canarias-Semanal)
Celia Rodríguez Santamaría

 
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