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LA TRADICIÓN REPUBLICANA

“Hasta ahora, el arte de gobernar no ha sido sino el arte de despojar y esclavizar a la mayoría en provecho de la minoría”.
Maximiliano Robespierre


Las dos Restauraciones monárquicas que ha sufrido el Estado español, la de 1875 y la de 1975, tienen varios rasgos comunes a pesar de sus múltiples diferencias. En ambas, la Monarquía fue impuesta a los pueblos de España por espadones al servicio de las clases dominantes. Esa alta cuota de exclusión que imperó en la primera, como escribió el profesor Ignacio Sotelo, tampoco estuvo ausente en la segunda. A pesar de las letanías sobre la integración de todos los españoles en la Constitución de 1978, muchos de cuantos luchamos consecuentemente por la ruptura democrática hemos quedado fuera del juego. La mayor parte de los opositores al régimen franquista éramos republicanos, no monárquicos; defendíamos el derecho de las nacionalidades a la autodeterminación, no la “unidad indisoluble de la patria”; apostábamos por formulaciones anticapitalistas o por un sector público fuerte, no por la constitucionalización de la “economía social de mercado” y las privatizaciones. El aserto de que Franco dejó todo “atado y bien atado” no resultó un eufemismo.

Muy pocos países en el mundo han expulsado en poco más de seis décadas a dos monarcas reinantes: Isabel II lo fue en septiembre de 1868 y Alfonso XIII en abril de 1931. El grito de “¡Abajo los Borbones!” hermanó incluso durante La Gloriosa a formaciones monárquicas que no comulgaron con los atropellos de la dinastía. Las izquierdas españolas o las articuladas desde los nacionalismos periféricos esgrimieron siempre la opción republicana, aglutinando a un conjunto de fuerzas empeñadas en articular un sistema democrático, acabar con el lastre del centralismo absorbente y disponer unas transformaciones sociales en favor de las capas oprimidas. Hubo sobradas razones para ello. La tradición monárquica española ha venido ligada a un curriculum muy poco edificante. Fue la monarquía absoluta de derecho divino bajo Fernando VII, llamado en su día “El Deseado” y que resultó ser (¡y ya es decir!) uno de los más indeseables monarcas de la “historia patria”; el tatara-tatarabuelo del actual rey. Será más tarde “la corte de los milagros”, cuando la política era dictada por el nuncio de Roma o por militarotes facinerosos del tipo de Narváez, con la ridícula figura en delantera de Isabel II; la tatarabuela del actual rey. A través del régimen canovista, estará asociada a la institucionalización del caciquismo y al Turno tramposo de los poderes oligárquicos en la persona de Alfonso XII; el bisabuelo del actual rey. El militarismo africano y las complicidades con una dictadura de corte fascista, vinieron a ser algunas de sus señas de identidad durante el reinado de Alfonso XIII; el abuelo del actual rey. Y no hablemos de Don Juan, el padre del actual rey, a quien interesó más plegarse ante el franquismo, para sostener los “derechos dinásticos”, que devolver a los pueblos de España la soberanía que le fue arrebatada por la fuerza. Mucho han tenido que torcer la Historia los cronistas monárquicos, fieles servidores de bastardos intereses, para ofrecernos el rostro amable de una institución tan calamitosa para la mayoría de los ciudadanos españoles.

El republicanismo constituye una tradición muy plural, en la que sin embargo es posible reconstruir un núcleo compartido o denominador común de sus modalidades. La esencia del mismo reside en el ideal de libertad como autogobierno y por lo tanto como ausencia de dominación o interferencia arbitraria, a partir de la oposición a la tiranía. El antagonismo básico opera entre el liber-ciudadano y el servus-esclavo o súbdito. Aquí no vamos a referirnos a la formulación republicana que ha popularizado en los últimos tiempos Philip Pettit, discípulo de Skinner, denominada al fin “ciudadanismo” o “republicanismo cívico”, que tanto ha entusiasmado al señor Rodríguez Zapatero. Esta filosofía normativa se presenta supuestamente como una opción distinta del liberalismo y del comunitarismo, aunque sus postulados apenas difieran de los que propugnó un liberal de izquierdas como John Rawls o los propios de la “tercera vía” de Anthony Giddens o del “socialismo liberal” de tantos otros. Nos interesa centrarnos en lo que Pettit llama republicanismo “populista”, asociado a los nombres de Hanna Arendt o John Pocock. Frente a la comunidad de los comunitaristas, fundada en valores compartidos que proceden de una identidad colectiva previa a la voluntad de sus miembros, la ciudad de los republicanos es una asociación construida por leyes e instituciones a partir de la voluntad común de los ciudadanos. No se trata, pues, de una comunidad ética sino política, que sólo requiere participación y compromiso con las instituciones republicanas y nunca homogeneidad cultural ni adhesión incondicional. En el caso español, esta línea tuvo algunos nexos con una tradición republicana inscrita entre los parámetros de la democracia radical.

¿Es posible un republicanismo sin República? ¿Los valores republicanos son compatibles con la Monarquía? La acérrima defensa de la igualdad ante la ley que caracteriza al ethos republicano está frontalmente reñida con cualquier sistema de privilegios (máxime si derivan de los vínculos de la sangre), y por ello la institución monárquica supone la negación del derecho y la libertad de todos, según el análisis que Pi y Margall hizo en La Reacción y la Revolución (1854). El énfasis sobre la soberanía individual repele los fundamentos teóricos del régimen monárquico, sea absoluto o constitucional, en cuanto poder sustraído de la legitimidad democrática. En la base del monarquismo está que no todos somos iguales ante las leyes por razones genéticas, pues existe una estirpe con derechos hereditarios. No gobierna el pueblo allí donde existe una sola autoridad que no sea hija de su libre arbitrio, siendo por principio la Monarquía, que lleva la desigualdad hasta la jefatura del Estado, incompatible con la dignidad del ser humano y los derechos soberanos de los pueblos. El exponente español de la Restauración borbónica de 1975, además, suministra otro ingrediente inadmisible en términos democráticos: la inviolabilidad del rey, algo que no rige en ninguna otra de las monarquías europeas. La “ciudadanía” como fuente de poder exige la igualdad civil de todos sus asociados.

La segunda Restauración borbónica se produjo en España a partir de un poder de interferencia arbitrariamente establecido, que conforme al mismo análisis de Pettit entrañó coerción física (restricciones y obstrucciones), coerción de la voluntad (castigos y amenazas con ruido de sables) y manipulaciones (propaganda mediatizadora excluyente). Un agente (el dictador y el círculo oligárquico que sostuvo la dictadura franquista) impuso un acto que sólo quedó sujeto a su arbitrium y prescindió de los intereses y opiniones o interpretaciones de los afectados. Ni más ni menos que la forma de Estado fue decidida de manera arbitraria y dominadora por un sector banderizo o fraccional, sin que la gente pudiera decidir por sí misma en torno a una cuestión de enorme alcance y relieve. Eliminando la opción republicana, la única legitimada por las urnas (la voluntad popular expulsó al monarca reinante en 1931), la interferencia del franquismo convirtió a los españoles en servus sometidos a merced de los poderosos, ajenos a una posición de igualdad. Sin ejercicio alguno para la disputa, una parte de la sociedad (mayoritaria) pasó a ser subyugada por la otra (minoritaria). Al sufrir semejante trágala, los pueblos del Estado español no estuvieron en condiciones de elegir libremente entre Monarquía o República, como ocurrió en Italia en 1946 o en Grecia en 1974; en ambas ocasiones, con monarcas implicados en regímenes fascistas. El “patriotismo de la constitución” de Habermas carece aquí de sentido alguno, ante la ilegitimidad democrática del régimen monárquico. La recuperación de la idea republicana de ciudadanía (del ciudadano frente al servus), pasa por optar libremente entre Monarquía-República. Si no podemos cuestionar la institución monárquica, o el sistema económico, o la organización territorial del Estado, entonces es que no hemos dejado de ser súbditos.

El modelo político liberal está vinculado a las ideas de delegación del poder político, preeminencia de los derechos individuales y negociación de intereses, pero el republicano lo hace con las de participación, primacía del demos y deliberación. Cualquier sistema institucional se pervierte si no está sustentado en la participación de ciudadanos activos. Una república será libre cuando no esté sometida a poderes ajenos, sino gobernada por y para sus propios ciudadanos. La virtud cívica consiste precisamente en la disposición ciudadana a comprometerse en favor del bien público, en permanecer siempre vigilantes ante las tendencias oligárquicas y la corrupción. Este imperativo del autogobierno implica, necesariamente, un proceso deliberativo en la toma de decisiones, pues el republicanismo entiende que las personas sólo llegan a realizarse a través de la participación activa e inclusiva, abierta a todos, en la ordenación de la vida en colectividad. En la asamblea republicana se afrontan los intereses generales y no los particulares, es el bien del demos y nunca el de los individuos lo que impera, merced a la guía de la virtud ciudadana, unida íntimamente a la libertad. Y aquí es la “libertad de los antiguos” y no la “libertad de los modernos”, al contrario que en la célebre oposición de Constant, la única que tiene validez.

Al margen de sus exposiciones aristocráticas (Harrington o Milton), el republicanismo ligado a las fórmulas del autogobierno consigna que las personas sólo han de someterse a las leyes que ellas mismas se dan. El autogobierno de la democracia radical o participativa, en sentido estricto, no encaja con la idea de representación, pues como recordaba Rousseau la soberanía no se puede delegar o representar. La presencia de representantes que se encargan de las tareas de gobierno merma la igualdad de poder, contra la cual atenta cualquier forma de representación política; los representantes, para muchos republicanos, constituyen una suerte de “aristocracia” elegida cada equis años y están en contradicción con el igualitarismo político. Cuando ha aceptado algún tipo de representación política, el republicanismo ha procurado mitigar de diversas formas la mayor capacidad de decisión sobre la vida colectiva que los representantes tienen sobre los representados: control, revocación, dependencia permanente, limitación de mandato, etcétera.

Las Constituciones que afirman consecuentemente la soberanía popular, como la española de 1931, parecen sentirse obligadas a abrir la participación política a formas de democracia directa junto a las instituciones representativas. Esta última tuvo importantes manifestaciones en el citado texto constitucional, admitiéndose posibilidades para intervenciones más directas del pueblo; aunque sometidas a severas restricciones e inéditas en su aplicación. Así nos encontramos con el plebiscito del art. 12. b; la iniciativa popular y el referéndum del art. 66; y la revocación del art. 82. Se reconoce, en efecto, la iniciativa legislativa popular y el referéndum abrogativo o derogativo de leyes, salvándose de la consulta popular directa el ordenamiento constitucional y estatutario, el internacional y las leyes tributarias. A diferencia de la actual Constitución monárquica de 1978, el referéndum sí era vinculante.

Una de las mayores preocupaciones republicanas ha sido la de diseñar instituciones que sean accesibles a “los intereses de todos” y evitar la presencia de “cotos vedados”, de áreas y asuntos protegidos de las intromisiones públicas por constricciones constitucionales poco permeables al control popular o que escapan a las decisiones de las mayorías. El republicanismo rechaza esta amputación de la capacidad de autogobierno colectivo y apuesta incondicionalmente porque no existan limitaciones a lo que se puede votar, desconfiando de cualquier tentativa de cercenar la voluntad democrática. Además, como no hay derechos anteriores a la propia comunidad política, la mejor garantía para ellos consiste en reconocer a los ciudadanos sus capacidades para cambiar de opinión y alterar las leyes e incluso las cartas constitucionales. Bien es verdad que, sobre todo entre sus exegetas más recientes, se han pretendido trazar fronteras infranqueables a la conformidad popular, ya sea de forma directa (materias que no se sustraen a la votación), por medio de diseños constitucionales que filtran las preferencias ciudadanas, o propiciando instituciones “contramayoritarias” que se reservan importantes ámbitos de decisión. De todas maneras, los derechos republicanos no son aquellos que están más allá del demos, sino los que éste considera justos y asegura colectivamente. Nada puede estar por encima del autogobierno, del debate y de la revisión.

Desde la práctica política griega se marcó como objeto de la deliberación cualquier asunto que afectase a la ciudadanía y fuera objeto de cambio. El derecho de una generación a transformar la ley de leyes, las bases de la carta magna, fue levantado por Thomas Paine en Los derechos del hombre, polemizando con el conservadurismo que Edmund Burke trazaba en sus Reflexiones sobre la Revolución francesa. Una Constitución no debe atar a los muertos, a los vivos y a los nonatos. En la España de hoy, este discurso se levanta contra la pretensión oficial de proscribir la apertura de un proceso de decisión ciudadana entre Monarquía y República. Y si la forma de Estado entra de lleno dentro de las capacidades decisorias de los ciudadanos, también habrán de incluirse entre las mismas el modelo económico, político y social, que no supone un producto “natural” de la sociedad ni el término de la evolución. Jamás puede admitirse desde esta óptica que la Constitución de 1978 sea el horizonte final o la barrera más allá de la cual se traspasa la legalidad democrática. La economía de mercado no es intangible, como tampoco pueden serlo las prohibiciones relativas a los derechos de autodeterminación de las nacionalidades.

La tradición republicana, frente al liberalismo, fundamenta los derechos individuales en la recuperación de la centralidad de la esfera pública, entendida como foro deliberativo inexcusable en pos del bien común. En la tradición liberal, con el dominio del espacio privado de la familia y la sociedad civil, brilla por su ausencia el paradigma de lo comunitario, tanto natural como político, que respectivamente asumen el nacionalismo y el republicanismo. Una de las mayores victorias liberales ha consistido en el desplazamiento de lo público desde las instancias colectivas a las de índole gubernamental, identificándolo con el terreno de la burocracia y haciéndole perder su sentido autorrealizador. Minando la concepción participativa que el republicanismo tiene de la política y desplazando ésta al marco gubernamental, el liberalismo considera que la libertad ya no es autogobierno, capacidad de dar y crear leyes, sino el producto de la retirada hacia la privacidad. La política, así, se transforma en un asunto de expertos, no de todos y ni siquiera de los mejores. Ante el nuevo despotismo de los tiempos de la democracia formal (centralización, privatismo, representación y burocracia), el espíritu republicano persigue la dispersión del poder y el concurso comunal con la democracia directa. La garantía última que impide la dominación se encuentra, para la tradición republicana, en los procesos participativos y deliberativos del propio demos. Un quehacer político enclaustrado en las instituciones ha de tener por alternativa la democracia de la multitud.

La comunidad política republicana constituye el marco del humanismo cívico y su entramado reside en la ciudadanía, que supone un deber completo y continuado con lo público. Los seres humanos son verdaderamente libres sólo cuando deliberan y deciden en común sobre cuanto les concierne, en la medida en que crean instituciones y cuerpos legales en un debate vivaz y perpetuo. Asimismo, únicamente los ciudadanos republicanos que atienden al bien común están en condiciones de impedir la corrupción de los regímenes políticos y desterrar los males de la desigualdad, la alienación y el abuso. Al modelo dual propio del liberalismo (de una parte, el mercado y la familia; de otra, el dominio público del Estado), la tradición republicana opone, sobre todo desde Tocqueville, un tercer territorio: el de los cuerpos intermedios, de la vida local y las asociaciones, el de la sociedad civil en suma. Las luchas democratizadoras del movimiento obrero provocaron un viraje hacia el conservadurismo de las recetas liberales durante el siglo XIX, e incluso en la actualidad se sigue apostando por democracias restringidas, por sus versiones elitistas, frente a las más radicales que promueven mayores niveles de intervención popular y una ciudadanía protagónica. Hoy resulta imprescindible que esta última haga un amplio uso de sus derechos para que el régimen democrático no sea un instrumento de las oligarquías de turno. Sólo desde unas apuestas democráticas firmes y participativas, será posible que el legislador sea verdaderamente representativo de las mayorías y de la pluralidad de los intereses sociales.

El fundamento de las libertades y la preferencia de los valores colectivos (incluso hasta la posible convergencia entre el bien público y el bien privado), exige dotar a los ciudadanos de oportunidades para la participación y la deliberación en condiciones de igualdad para todos. Desde una perspectiva republicana, los gobiernos moldean a las personas forjando unas determinadas culturas políticas y fomentando un amplio abanico de asociaciones como enclaves de educación para la ciudadanía. Ello implica que el Estado debe facilitar los recursos necesarios a fin de que pueda sobrevenir esta construcción de las identidades en una sociedad justa y solidaria, donde el orgullo ciudadano se nutra de la conciencia de pertenecer a una totalidad que custodia el programa de bien común. La virtud republicana, insistimos, se ejerce en las instituciones participativas, en la esfera pública de la sociedad política, dentro de ese tercer espacio que está más allá, tanto de la intimidad privada y del mercado, como de los mecanismos estatales. Porque la ciudadanía republicana supone un propósito de recuperar un tipo humano opuesto al egoísta homo economicus o al pasivo homo videns.

Los principios de la solidaridad fueron enarbolados por el republicanismo mucho antes de que llegaran a formularlos los pensadores socialistas. Al hablar de la virtud como amor a la patria, aquél entendió la ciudadanía con un profundo sentido de fraternidad. Entre el republicanismo y el socialismo marxista hubo en común los afanes por la acción política colectiva y la búsqueda de una sociedad más igualitaria. Un gran republicano como Marx, desde la misma ética de la autorrealización, llegó a destruir también los prejuicios de índole propietarista individual que vinculaban la propiedad privada con la independencia de juicio necesaria para acceder a la condición de ciudadano. Las críticas acerca de la contradicción liberal entre los derechos de propiedad y los derechos de libertad personal, forman parte del ataque marxista al formalismo del derecho moderno. Los derechos de los ciudadanos, según planteaba Marx en La cuestión judía, en vez de muros que se levantan alrededor de individuos autónomos, son derechos políticos que se ejercen únicamente en comunidad con otros hombres.

El concepto republicano de propiedad posee un rasgo que el sistema capitalista ha querido proscribir por todos los medios. Se trata de la idea aristotélica de límite, es decir, de que la propiedad privada o social debe tener un telos para sentar las bases materiales de una vida digna. Las enormes desigualdades que propicia el capitalismo de mercado constituyen una amenaza para la comunidad, de no interponerse limitaciones a las riquezas individuales genuinas. Las inquietudes en pro de la igualdad política han servido al republicanismo para demandar la igualdad económica, ya porque las disparidades de esta naturaleza imponen privilegios políticos o porque engendran, como proponía Jefferson, el servilismo y la venalidad, ahogando el germen de la virtud. En el mundo de hoy, los cuantiosos gastos que implica la competencia electoral circunscriben el acceso a la política a quienes disponen de recursos.

Los pronunciamientos históricos del republicanismo español participaron de estas aspiraciones reformistas y socializadoras. El proyecto revolucionario de Pi y Margall no fue simplemente político y aspiró a “cambiar la base” de la sociedad y acometer transformaciones económicas que afrontaran la emancipación de las clases jornaleras. A raíz de las célebres polémicas de 1854 argumentará Pi que el socialismo era el complemento necesario de la democracia, y sus ideales en este orden se irán perfilando en las tres décadas siguientes: desde las Bases adoptadas por el republicanismo en febrero de 1872 y el Proyecto de Constitución Federal de 1873, hasta los dictámenes aprobados por la asamblea nacional de Zaragoza del Partido Republicano Federal y, sobre todo, el Programa del 22 de junio de 1894. No hubo en la ideología pimargalliana trasiego alguno desde los postulados de inspiración ácrata a otros de corte socialdemócrata; será el liberalismo radical el que promueva ambas orientaciones en paralelo, a partir de esa “disponibilidad colectivista “ de Pi que estudió Jutglar. El Programa de 1894 recogía la nacionalización de las minas, las aguas y los ferrocarriles, más el control estatal del crédito. Los servicios y las obras públicas eran entregados a asociaciones obreras con financiación gubernativa, mientras se fomentaba la participación de los trabajadores en la gestión de fábricas y talleres y se estimulaba fiscalmente “la transformación del salario en participación de los beneficios”. También el citado corpus de 1894 subordinaba el disfrute de la tierra, “como propia de todos los hombres, a los intereses generales”, adjudicando a “comunidades obreras” los terrenos de titularidad pública, los incultos por más de un quinquenio y cuantos conviniera expropiar.

Estas orientaciones se mantuvieron con mayor o menor énfasis dentro del republicanismo de izquierdas del primer tercio del siglo XX. El Manifiesto de Acció Republicana de Catalunya de marzo de 1930, que decía inspirarse en el “reformismo social que representó Pi y Margall”, consignaba textualmente: “Aspiramos a la transformación profunda del injusto régimen social del capitalismo en el sentido de la igualdad y de la dignidad humanas. Creemos que los intereses económicos de las personas y de las clases privilegiadas han de estar sometidos al interés superior de la colectividad”.Un año después, la Declaración del Partit Catalanista Republicá establecía la supeditación de la propiedad individual legítimamente adquirida a “la función social de la propiedad, incompatible con las desigualdades inhumanas, arbitrariedades abusivas y desorganizaciones perturbadoras de la economía pública”; en parecidos términos se expresó la Declaración de Principios de Acció Catalana Republicana en marzo de 1933. Las nacionalizaciones de la tierra, los bosques, las minas, las aguas, los ferrocarriles, y el seguro en todas sus variedades figuró en el Ideario del Partido Republicano Radical Socialista de septiembre de 1930 o en el Ideario y Programa de Unión Republicana de septiembre de 1934. Igualmente el Programa de Acción Nacionalista Vasca de junio de 1936 recogía que “la actuación de los organismos públicos de Euskadi estará basada en la subordinación de los intereses privados a la conveniencia pública”, poniendo en manos del Estado “el suelo, las riquezas naturales, las fuentes de energía, la gran industria, los medios de comunicación y transporte, la banca, el ahorro, los seguros y, en general, los nervios fundamentales de la economía, así como aquellas actividades que requieran el empleo de masas trabajadoras y cuyo fin sea un servicio de interés común".

La República del 14 de abril, “Una República de trabajadores de todas clases”, acogió el principio de que la iniciativa individual debía estar limitada por los intereses del pueblo y sujetó a ciertos límites la propiedad privada de los medios de producción. Al configurar un régimen de economía mixta, la Constitución de 1931 declaró en su artículo 44 que “toda la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, esta[ba] subordinada a los intereses de la economía nacional”, permitiendo la expropiación sin indemnización por causa de “utilidad social” de ciertos sectores de la producción y los servicios, dejando la puerta abierta a la intervención del Estado en la explotación y coordinación de industrias cuando lo exigiera la racionalización de la producción. Los afanes de los socialistas se evidenciaron en la regulación de unos derechos sociales y económicos que superaban los elencos clásicos de los textos constitucionales del siglo XIX, pero esas evidentes novedades que desbordaban las concepciones comunes del Derecho público subjetivo no eran ajenas a las tradiciones del republicanismo de izquierdas. ¡Qué contraste con el artículo 38 de la actual Constitución monárquica!

Dentro de los valores de la tradición republicana habría que destacar otros dos en los tiempos que corren. Uno de ellos es el del laicismo, tan amenazado en los últimos meses por la ofensiva clerical orquestada desde la derecha. El anticlericalismo histórico de las izquierdas en el Estado español fue, en su parte fundamental, una respuesta ante el espíritu ultramontano de la jerarquía católica y sus complicidades directas y permanentes con los poderosos. Los excesos cometidos por la Segunda República nunca podrán justificar el sostén eclesiástico al golpe militar de 1936. El nacional-catolicismo le dio enseguida cobertura ideológica al fascismo español. Todavía hoy resulta imprescindible hacer realidad en la vida diaria la separación de la Iglesia y el Estado. La defensa de un pacifismo consecuente sería el otro valor republicano a tener en cuenta. Y recuérdese a propósito que la República de 1931 renunció expresamente al recurso a la guerra como instrumento de política internacional.

Durante la llamada Transición se dijo que el dilema para los pueblos del Estado español no estaba entre Monarquía y República, sino entre dictadura y democracia. Vista con perspectiva histórica, tal cantinela entrañó una hiriente burla hacia el pasado remoto y próximo. En la historia de las Españas, la Monarquía ha sido siempre sinónimo de reacción; los periodos democráticos corresponden a la República. A partir de la muerte de Franco, su heredero tuvo que inclinarse por la democracia liberal siguiendo los dictados del imperialismo y para salvar el sistema de dominación capitalista y la propia corona, no porque se hubiese convertido en un demócrata cabal. La herencia del franquismo seguirá vigente mientras haya un rey en la jefatura del Estado, sin que la ciudadanía pueda pronunciarse libremente sobre la forma del mismo. La auténtica democracia es y seguirá siendo republicana. Los valores de su tradición, después de tantas claudicaciones, permanecen vigentes y ganan cada vez más audiencia. Entre la Primera y la Segunda República mediaron 58 años. ¿Cuántos faltan para que se proclame la Tercera?


Agustín Millares Cantero

 
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