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El cliente paciente

Es contrario a las buenas costumbres hacer callar a un necio, pero es una crueldad dejarlo seguir hablando. (B. Franklin)

El pasado 27 de noviembre el Plano del Cabildo de Tenerife aprueba por unanimidad, el solicitar al Gobierno de Canarias que los Chiringuitos del Norte y del Sur de Tenerife pasen a ser considerados como Hospitales Generales de ámbito comarcal y de titularidad pública.

La titularidad es incuestionablemente pública, ya que los terrenos donde se ubican son públicos, las obras se están llevando a cabo con dinero público y, ¿entonces para que acentuar lo que ya es obvio?. Esperemos que esto haya sido un lapso de lo políticos, porque podríamos, perfectamente entender, que se trate de una estrategia electoralista.

El hecho de presentarlo en el cabildo de Tenerife, es algo inexplicable, pues los mismos grupos políticos que se hospedan en la institución insular son los residentes de la cámara regional y, es en el parlamento donde se tienen las competencias para que sea haga realidad esta solicitud, por lo que las dudas sobre su efectividad o intencionalidad vuelven a florecer, como consecuencia de la forma de actuar de quien debe solucionar nuestros problemas y no de buscar problemas a las soluciones.

Es inaudito que cuando se acerquen las campañas electorales aparezcan en el debate político la necesidad de los hospitales del norte y sur de Tenerife. Cuando esta carencia es tan histórica que debería avergonzar a cualquiera que se denomine político, y que continúe con esta canción cansina, que ya no ocupa ningún puesto relevante de los números más vendidos, ya que la hemos oído tantas veces, aunque sólo la hayan interpretado cada cuatro años.

Otro tema sería si se hubiese debatido que tipo de gestión es el que va ha tener estos centros sociosanitarios, chiringuitos, o como se llamen (nunca hospitales), pues perfectamente pueden ser de titularidad pública, como de hecho lo son y, que los gestione la sanidad privada con concesiones u otro tipo de convenio, lo que ocasionaría otorgar el poder de decisión a los gestores para decidir a donde desviar los enfermos, que siendo malintencionados, podríamos afirmar que si son rentable los enviamos a la sanidad privada y, si por el contrario son deficitarios económicamente hablando, serían desviados a la sanidad pública, incrementando una mayor descapitalización de la sanidad pública en favor de la privada. Esto sería factible ya que estos centros disponen de la concentración de las urgencias comarcales. Reiterando la frase: “estarían facultados para decidir quien es paciente y quien es cliente.”

Toño Linares

 
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