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Extender el rechazo social a la RIC

La Reserva de Inversiones para Canarias (RIC) constituye uno de los principales problemas para el pueblo canario, desde que se creará como mecanismo de exención fiscal amparado en el articulo 27 de la ley 19/1994 de reforma del REF y que supone en la práctica una auténtica evasión de impuestos. La Reserva de Inversiones acumula a final del ejercicio 2004 un capital afectado de 15000 millones euros y un capital pendiente de materializar que se cifra en torno a 4000 millones de euros. Popularizar entre la población lo que supone este robo legalizado a los ciudadanos es un reto para el presente. Todo colectivo social organizado que ha manifestado su rechazo a este mecanismo debe hacerlo. Una campaña permanente a la población es necesaria por parte de aquellas organizaciones sociales con alguna posibilidad de hacerlo, como es el caso de Asamblea por Tenerife y los sindicatos que rechazan la RIC.

Los promotores de la RIC la justificaban como herramienta necesaria para la diversificación de la economía, creación de empleo estable e inversión productiva, sin embargo es sabido para un importante número de personas que la RIC se ha manifestado como una herramienta inestimable para el enriquecimiento y promoción del capital especulativo, contribuyendo intensamente a construir una burbuja económica sostenida en el binomio turismo-construcción. Pero esto no ha sido suficientemente explicado a la población, lo que es fundamental para que la ciudadanía, los trabajadores, la juventud,... empiece a comprender la realidad económica que vivimos en las islas y luche colectivamente para transformarla.

Mientras se exonera de tributación a los capitales que hoy se encuentran acumulados en la RIC, los ciudadanos y ciudadanas de Canarias sostenemos con nuestros impuestos y nuestro trabajo esta sociedad. Mientras unos pocos son cada día más ricos, no sólo con nuestro trabajo sino también dejando de aportar a la arcas públicas lo que le correspondería, una importante masa de la población es cada vez más pobre: 475.000 canarios se encuentran en situación de pobreza, 130.000 trabajadores en situación de parados, la precariedad laboral afecta a más de 270.000 personas; aproximadamente 50.000 ancianos viven sin recibir la atención necesaria; el fracaso escolar aumenta día a día por mucho que diga el Consejero de Educación; los servicios públicos se deterioran por una política concientemente desarrollada desde el gobierno para favorecer su privatización.

Asistimos en las islas a una situación intolerable y que debe promover al repudio colectivo y social de estas pirañas, que además se enriquecen por otras vías como son las de estar pendientes de acaparar las inversiones públicas, por los mecanismos de corrupción o como perceptores de ayudas y subvenciones públicas.

Tenemos todos la obligación de denunciar esta situación e ir creando las condiciones para que sea motivo de movilizaciones amplias en todo el archipiélago que se planteen la suspensión de la RIC, la derogación de la legislación que sostiene este mecanismo antisocial que solo ha contribuido a hacer millonarios a los ricos, e indigentes a los pobres, la investigación del destino de los capitales beneficiados por la misma, exigir a los empresarios la devolución del dinero, la democratización del sistema tributario y fiscal, y la canalización de los fondos a inversiones sociales.

Es importante bajar al lenguaje de la calle la denuncia de la RIC y como repercute en la vida de la gente. Mucho hemos escrito en los últimos años sobre la RIC, pero la mayoría de los ciudadanos no conocen su existencia. Es hora de poner manos a la obra.

Manuel de la Rosa Hernández

 
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