:: MAGEC .info ::

   
 
 
 ··· PORTADA
  ··· El Tiempo
  ··· Teléfonos
  ··· Directorio web

 ··· OPINIÓN

DE SESTIBA, EL PUERTO Y OTRAS OSCURIDADES

"Sestiba sufragará su déficit aplicado un canon sobre la mercancía, se aplicará el 0,70% sobre cada tonelada que llegue o salga del Puertos de Las Palmas. Se estima que esta cuota producirá un ingreso anual entorno a los 2,4 millones de euros y estará vigor por espacio de cuatro años" (publicado en Transporte XXI).

La Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba del Puerto de La Luz y de Las Palmas (Sestiba) es la que presta sus servicios a las operaciones portuarias de carga y descarga de mercancías. Tiene un carácter público al ser consideradas sus operaciones y servicios como de interés público, y al ser su accionariado mayoritariamente suscrito por la Autoridad Portuaria de Las Palmas (51%). El resto del accionariado esta compuesto por sociedades de carácter privado ligadas al negocio portuario, entre ellas La Luz Market, SA. (14,75%), La Luz, SA (7,43%), Líneas Marítimas Canarias, S.A. (7,33%), OPCSA (6,70%), Terminal de Carga Rodada, SA (6,54%).

En el Boletín Oficial de la Provincia del 8 de junio de 2003 se publica la entrada en vigor de la "Tasa a la Mercancía" (el llamado canon Sestiba) que grava a partir de entonces la entrada de mercancías.

Para comprender el significado de esta medida es preciso remontarse al año 1994. La situación de Sestiba era ya preocupante puesto que, para responder a sus deudas con la Agencia Tributaria, se ve obligada a depositar un aval bancario ante dicha agencia por importe de 561 millones de pesetas, avalado por Puertos del Estado. El origen de la deuda era no haber aplicado el ITE en el periodo comprendido entre 1989 y 1992.

En abril de 1998 Sestiba declara que su plantilla aumentará en un año en 250 trabajadores. En mayo del mismo año se conoce que durante 1997, y en relación con el ejercicio anterior, los ingresos de Sestiba crecieron el doble que los del conjunto de las compañías estatales de estiba y desestiba del sistema portuario. Esto es, casi un 16%, mientras que la totalidad de las compañías estatales creció a un ritmo ligeramente por encima del 8%. En valores absolutos, los ingresos de Sestiba pasaron de 2.043 millones de pesetas en 1996 a 2.418 millones en 1997.

En octubre de 1998 los medios de comunicación informaban que Sestiba pretendía prejubilar a 140 trabajadores y dar entrada a 220 estibadores nuevos. Los gastos de esta operación se cifraban en aquel entonces en 1.200 millones de pesetas.

Un mes más tarde, en noviembre de ese mismo año, se informaba que los transbordos de pesca y contenedores habían producido pérdidas a Sestiba por valor de 330 millones de pesetas. En reunión mantenida el 12 de noviembre, Sestiba acuerda que, a partir del día 15, no afrontaría las pérdidas ocasionadas, y que éstas tendrían que ser asumidas por las diferentes estibadoras.

Cinco meses mas tarde, el 11 de marzo de 1999, la comisión mixta formada por trabajadores, patronal y Puertos del Estado, acordó aceptar la ampliación de la plantilla en 263 trabajadores, lo que suponía pasar de 350 a 613 estibadores.

Seis meses después se informaba que Sestiba podía entrar en quiebra técnica, ante el déficit de explotación en que había entrado el mes de mayo anterior, con un saldo negativo que alcanzaba los 200 millones de pesetas hasta el 31 de agosto de 1999.

El 17 de Septiembre el Consejo de Administración de Sestiba, analiza las posibles medidas urgentes a adoptar ante la grave situación creada. Entre ellas, tan solo a seis meses de aceptar una ampliación de la misma, una regulación de la plantilla. Se estima que la situación puede agravarse hasta alcanzar un déficit de 400 millones de pesetas al finalizar el año 1999.

El 1 de noviembre de ese mismo año, el consejo de Administración de la Autoridad Portuaria acuerda ampliar en 400 millones de pesetas el capital social de Sestiba, para rebajar a 560 millones la deuda de la Sociedad, cifrada en ese momento en 960 millones de pesetas.

El capital activo de Sestiba era en ese momento de 1.600 millones de pesetas. Pero tiene contraída una deuda con el Banco Central Hispano de aproximadamente 1.000 millones de pesetas. En noviembre del 1999 el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria autoriza una ampliación de capital de Sestiba de 500 millones de pesetas.

En las sucesivas reuniones del consejo de Administración de Sestiba se baraja de forma insistente la opción del expediente de regulación de empleo, que afectaría a unos 116 trabajadores. El coste del mismo se situaría en torno a 500 millones de pesetas.

El periódico La Provincia de 6 de junio de 2000 informaba: "Sestiba acuerda exigir a las empresas OPCSA y SEMPSA la presentación de una garantía bancaria con el fin de avalar las deudas que ambas tienen contraídas con Sestiba, como consecuencia de los tráficos de trasbordo de contenedores y de pesca pelágica. Esto obedece al hecho de que los Bancos que facilitaron préstamos a Sestiba lo requieren como garantía te la situación de la compañía evitando un posible embargo del edificio donde se encuentra ubicada la sede de la misma".

El 15 del mismo mes, en la revista Transportes XXI se dice que "según informa D. Luis Hernández, presidente de Sestiba, la misma tiene un déficit en los cinco primeros meses de 2000 de 500 millones de Ptas., que puede convertirse a final de año en 1.200 millones de pesetas".

Entre los meses de Junio y Julio las reuniones para analizar la situación de la sociedad son numerosas, ya que la preocupante situación que atraviesa Sestiba hace pensar que se corre el riesgo de ir a una suspensión de pagos si la Seguridad Social y Hacienda reclaman las importantes cuotas que se adeudan.

En marzo de 2001, se publica en La Provincia que Sestiba y el Comité de Empresa alcanzaban un principio de acuerdo de viabilidad, que ahorraba 4.500 millones de pesetas en salarios, y que duraría cinco años como mínimo. Y que con esta medida se pretendía garantizar la estabilidad de la plantilla de la empresa a través de una serie de acuerdos económicos que permitían absorber el déficit de los dos últimos años, cifrado en 1.200 millones de pesetas. Dicho plan contemplaba la prejubilación de un total de 36 trabajadores, lo que suponía u coste para la empresa de unos 500 millones de pesetas. Todavía no ha habido una aplicación definitiva de dicho acuerdo.

En abril de 2001 se conoce el déficit con el que se había cerrado el ejercicio 2000, y que alcanzaba los 1.300 Millones de Ptas. Se dice posteriormente que al finalizar el ejercicio 2000 Sestiba alcanzaría el equilibrio financiero. Y que comenzaría a tener superávit a partir del ejercicio 2003.

A partir de este momento los hechos demuestran que la realidad es tozuda: en el primer trimestre del 2003, que se anunciaba con equilibrio financiero, se hablaba ya de un déficit en el ejercicio de 600.000 euros, con lo que el acumulado se situaba en aproximadamente 6 millones de euros (La Provincia, 20 de marzo de 2003).

Llegados a este punto, y con los datos expuestos, es evidente la nube que se cierne sobre la empresa estibadora: déficit, superávit, déficit otra vez, regulaciones de empleo y planes de viabilidad... La única conclusión que somos capaces de alcanzar es que la gestión en Sestiba era, cuando menos, de una profunda confusión.

En ningún momento se cifra con claridad, cual es la situación económica y financiera de la empresa y cual es la cuota de responsabilidad contraída por el Consejo de Administración.

Al final, la gran decisión que se toma para paliar la grave situación económica y financiera de Sestiba es establecer un canon, que entra en vigor en junio de 2003, y que grava la mercancía que entra o sale del puerto de Las Palmas.

No puede considerarse de recibo que las pérdidas que genera esta empresa se trasladen al conjunto de la ciudadanía. Y que, mientras esto ocurre, los responsables de la gestión y administración de la misma continúen ocupando un puesto en el Consejo de Administración de Sestiba, sin que ninguna autoridad (política, económica o judicial) haya pedido responsabilidades, y sin que se haya producido ni una sola dimisión.

En definitiva, la deuda acumulada por una mala gestión se carga sobre las ciudadanas y los ciudadanos grancanarios, buscando un saneamiento financiado por los bolsillos de los contribuyentes. Lo que tiene una traslación inmediata en el nivel de inflación que soporta nuestra sociedad.

A día de hoy, tanto los operadores de mercancías como el conjunto de la ciudadanía, son los "paganos" de una crisis generada por un Consejo de Administración que no ha rendido cuentas de la misma. Además, sigue sin saberse cuál es la cifra exacta de la deuda, las causas reales que la originaron, las responsabilidades contraídas y en base a qué se decide convertir una situación de quiebra en tasa impositiva.

Mas de dos años después de la aplicación del canon Sestiba se desconoce cuánto se ha recaudado por este concepto, cuánto queda por pagar y si va a durar "sine die" una situación que consideramos, a todas luces, una financiación irregular, porque dudamos seriamente que tenga sentido jurídico el que la dificultas financiera o económica de una empresa, sea esta pública o privada, puedan ser convertidos en una tasa que paguen todos los ciudadanos.

Y mientras tanto, el nivel de vida y la capacidad de consumo de nuestra gente deteriorándose día a día. ¿Alguien da más?

Hasta aquí lo que ya habíamos señalado en un artículo publicado el 11 de julio de 2005.

Dos años mas tarde, y varios millones de Euros después, tenemos un "nuevo plan de viabilidad de Sestiba", y van dos, con el que se pretende una vez más que los pagadores de una gestión cuando menos confusa y que deja bastante que desear, sean los trabajadores portuarios y los ciudadanos y ciudadanas de Gran Canaria, Estos últimos victimas de un de un incremento del 14,28% del llamado canon Sestiba, pues ha pasado del 0,70 euros por Tonelada a 0,80 euros, y su limite temporal ha pasado de tres años (2003-2006 ) a ampliarlo a siete (2007-2014).

El plan de viabilidad anterior y su prolongación le ha salido gratis tanto al consejo de Administración de Sestiba como a la Autoridad Portuaria. O sea, no se aprecia ninguna exigencia de responsabilidad, ninguna dimisión, ninguna explicación ni aclaración publica de las cuentas de la sociedad. Nos parece razonable que, ante la situación de la empresa, alguien dieran explicaciones (la Autoridad Portuaria) o bien alguien las exigiera (la Autoridad Judicial correspondiente).

En definitiva, a día de hoy los ciudadanos de Gran Canaria seguimos ignorando la cuantificación real del déficit y la razón por la que se origina el mismo. Desconocemos la cantidad recaudada por el citado canon, cuanto falta para cubrir el déficit y de quién es la responsabilidad última y definitiva de la situación de Sestiba.

Si Dios no lo remedia nos veremos en el tercer plan de viabilidad de Sestiba.

(*) Vicente Quintana y Daniel Casal son miembros del Consejo Nacional de UNIDAD DEL PUEBLO

Daniel Casal y Vicente Quintana - consejonacional

 
El Puerto Deportivo de Tacoronte o cómo vender humo a la ciudadanía
Adal González

La doble moral europea
Pedro Flores

Tribunal Supremo versus De Juana Chaos: sentencia política
Manuel F. Trillo

Rusia: ¿árbitro geopolítico del orden pentapolar?
Alfredo Jalife-Rahme

LA CARRETERA LA ALDEA-AGAETE: ¿OSCUROS INTERESES ESPECULATIVOS O UNA URGENTE NECEDIDAD DE L@S CIUDADAN@S? (I)
José Almeida Afonso

Asociación Canaria de Escritores
Félix M. Arencibia

EL MOVIMIENTO OBRERO Y SINDICAL EN EL SIGLO XXI
Federación Sindical Mundial

DE SESTIBA, EL PUERTO Y OTRAS OSCURIDADES
Daniel Casal y Vicente Quintana


 
 MAGEC 2006 - Archipiélago Canario
 
Sitemap