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23 detenidos en una redada de la policía española contra la izquierda independentista vasca
El gobierno español ordena la detención de todos los dirigentes de Batasuna

La policía española llevó a cabo la noche de este jueves una redada en Euskal Herria sur en la que detuvo a 23 miembros de la izquierda independentista, entre ellos los mahaikides [dirigentes] Joseba Permach, Juan Joxe Petrikorena, Juan Kruz Aldasoro, Ibon Arbulu, Imanol Iparragirre, Rufi Etxeberria, Ainara Armendariz, Patxi Urrutia y Jon Garai.

El juez estrella Baltasar Garzón, una vez más, protagonizó esta operación que se desarrolló en Olaberria -junto a la N-I detuvieron al menos a Joseba Permach y Juan Joxe Petrikorena- y en Segura, localidad que desde varias horas antes estuvo repleta de efectivos policiales.

Además, la policía española tomó las entradas y salidas del municipio durante horas, impidiendo la entrada al mismo a periodistas que habían acudido nada más cubrir la noticia e, incluso, a vecinos que regresaban a sus domicilios.

Según transcurría la noche se produjo un goteo de información sobre los nombres de las personas que podían haber sido detenidas en este pueblo; entre ellas, mahaikides como Rufi Etxeberria y Juan Kruz Aldasoro. Además, agentes policiales iniciaron el registro de los domicilios de los arrestados en sus respectivas localidades.

Al poco de conocerse el alcance de la operación policial, agencias y medios españoles comenzaron a lanzar las habituales especulaciones y análisis policiales sobre el carácter de la misma, aunque lo cierto es que las personas arrestadas realizan una actividad pública y de sobra conocida en Euskal Herria.

Algunos de ellos han comparecido públicamente casi a diario y, el mismo lunes, una representación de la izquierda independentista mantuvo un encuentro con expertos internacionales a fin de buscar nuevos caminos para una solución del conflicto. Estos mediadores, entre los que se hallan Roelf Meyer y Brian Currin saben ahora cuál es la posición del Estado español. Asimismo, la operación se produjo la víspera de que una delegación de Sinn Féin visite en Martutene a Arnaldo Otegi.

La actuación contra la dirección de la izquierda vasca venía anunciandose en la prensa desde hace varias semanas, con un punto en común sea cual sea el periódico elegido para la filtración: en todas ellas queda claro que la iniciativa es del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Los anuncios comenzaron el pasado 9 de setiembre el diario El País, a través de su periodista más cercano a la Moncloa, señalara que «El Gobierno está respondiendo al reto etarra de modo implacable, en expresión del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Esa decisión se tarduce en que no sólo va a atacar al aparato militar de ETA, sino también a la cúpula política, que participó en el proceso de diálogo, y a sus organizacinoes afines, aseguran fuente gubernamentales».

El pasado domingo, el periódico Público, anunciaba que «los jueces aceleran la renovación de Batasuna». Según se señalaba líneas más adelante, «la estrategia diseñada por el núcleo duro del Gobierno para abordar la lucha contra ETA hasta las elecciones tiene tres patas: la eficacia policial, la política penitenciaria y la actuación judicial. El Ejecutivo quiere de esa forma llegar hasta las urnas con una imagen de firmeza que aleje la posibilidad de que el PP pueda utilizar el terrorismo como argumento electoral eficaz».

La conclusión era que «el Gobierno da por hecho que antes de las elecciones podría estar en prisión gran parte de la actual dirección de la ilegalizada Batasuna y, en general, de la izquierda abertzale».

Y el miércoles, El Mundo, al dar cuenta de la detención de Joseba Alvarez, señalaba que «desde la ruptura del alto el fuego, el Ejecutivo decidió potenciar las investigaciones policiales que permitieran descabezar a toda la izquierda abertzale. Según explicaron fuentes de Interior, la actuación contra Alvarez no será la última. Quedan pendientes diversos sumariso contra la izquierda abertzale y en ellos hay peticiones de pena de prisión por parte de la fiscalía contra sus máximos responsables».

A partir de las 20:30 el pueblo de Segura fue literalmente tomado por agentes de paisano merodeando por las escasas calles del municipio y que, a partir de las 21:00, fueron ya los policías uniformados los que blindaron, mediante varios controles de carretera, todos los accesos y las salidas de Segura. La policía impidió incluso a los vecinos de Segura entrar o salir del pueblo; unos escasos segurarras pudieron acceder al municipio, pero no sin detallar quiénes eran y cuál era su domicilio familiar.

«Todos los accesos del pueblo están tomados por la Policía española; hay un montón... Tienen retenidos a varios mahaikides de Batasuna en la entrada del pueblo... y no tiene buena pinta». Éstas fueron las palabras que un vecino de Segura empleó para describir la dimensión de la operació policial pasadas las 22.10, a la par que confirmaba que al menos Juan Kruz Aldasoro, Rufi Etxeberria e Imanol Iparragirre se encontraban a manos de la Policía española.

En Olaberria, en cambio, se supo que junto a Joseba Permach se encontraba Juan Joxe Petrikorena, en compañía de otras dos personas también retenidas. El operativo se habría iniciado pasadas las 20:30 cuando decenas de policías de paisano se dejaron ver por las calles de Segura, levantando las sospechas de los convecinos.

Las primeras reacciones de formaciones políticos llegaron bien entrada la noche. Así, Aralar calificó de «barbaridad» las detenciones, mientras Iñigo Urkullu (PNV) y Gaspar Llamazares (IU) coincidieron en pedir que las mismas estén «bien fundamentadas».


EL GOBIERNO ZAPATERO EMULA LA REDADA DEL PP EN FEBRERO DE 1997

Diez años después, y con el juez Baltasar Garzón como mismo brazo ejecutor, el gobierno español del PSOE repite la maniobra impulsada por el Ejecutivo del PP en febrero de 1997. En aquella ocasión, el motivo esgrimido, que derivaría en una condena anulada luego por el Tribunal Constitucional español, era una iniciativa política: la asunción de la Alternativa Democrática.

Ahora, concluido sin resultado el proceso una negociación política con el propio partido del gobierno español, el Estado vuelve a actuar contra la dirección de la izquierda independentista vasca.

En realidad, el embrión de aquel proceso se puso en la recta final del Gobierno de Felipe González, con la detención de Jon Idigoras el 21 de febrero de 1996.

Un año después, ya con José María Aznar en Moncloa, el Tribunal Supremo ordenó detener uno a uno a los mahaikides, en un lento goteo que se prolongó durante varios días y en los que cada arresto estuvo rodeado por muestras de apoyo a los detenidos. En la redada de ayer resultó evidente el interés en evitar que este tipo de imágenes trascendieran a la opinión pública. Los periodistas no pudieron acercarse.

Los 22 mahaikides recuperarían la libertad, bajo fianza, en abril de aquel año, pero serían juzgados y condenados en otoño: se les impusieron siete años de cárcel por «colaboración con ETA». Permanecerían en prisión durante año y medio, hasta julio de 1999, cuando el Tribunal Constitucional estimó el recurso de amparo presentado por la defensa y confirmó que no había delito en su actuación.

Entre tanto, HB conformó una nueva Mesa Nacional, con Joseba Permach y Arnaldo Otegi como portavoces en el primer momento.

La historia se repite ahora. Zapatero, que se ha jactado en los últimos meses de haber sido tan duro coo el PP, ya tiene también su febrero de 1997.


EL JUEZ GARZÓN ORDENA EL INGRESO EN PRISIÓN DE JOSEBA ÁLVAREZ Y OIHANA AGIRRE

El juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón ordenó este viernes el ingreso en prisión de Joseba Álvarez y Oihana Agirre, tras atender a la petición de la Fiscalía, bajo la acusación de "pertenencia a banda armada". El mahaikide y la representante del movimiento pro amnistía han ingresado en la prisión de Soto del Real.

Según ha hecho saber Askatasuna, Álvarez y Agirre ingresaron en la prisión de Soto del Real después de que el juez de la Audiencia Nacional española ordenase su ingreso en prisión.

El mahaikide y la representante del movimiento pro amnistía llegaron a las 10:30 (hora española) a la Audiencia Nacional en un furgón policial, acompañados de los abogados Ainhoa Baglietto y Kepa Landa.

En el caso de Álvarez, la Fiscalía le acusa de reincidir en el delito de "pertenencia a banda armada", por el que ya estaba procesado en el sumario 35/02. A Oihana Agirre le acusan de ese mismo delito pero por primera vez, por haber participado en ruedas de prensa en nombre de la organización legal Askatasuna.

Álvarez permaneció 50 minutos declarando ante el juez Baltasar Garzón, mientras que Agirre ha estado sólo un cuarto de hora en el despacho, ya que se negóo a contestar a las preguntas que se le han formulado.

Según el abogado del mahaikide, Kepa Landa, su representado negó ante el juez haber estado en la manifestación convocada el pasado 9 de setiembre en Donostia.

El fiscal acusó a Álvarez de convocar, instigar o dirigir la marcha, que había sido prohibida por la Consejería de Interior de Lakua y que terminó con nueve detenidos, entre ellos Juan Mari Olano, actualmente en prisión, y varios heridos.

Por su parte, la abogada de Oihana Agirre, Ainhoa Baglietto, sostuvo la falta de competencia de Garzón para investigar a su representada y afirmó que ésta puede actuar como portavoz de Askatasuna porque la resolución judicial que suspendió las actividades de esta organización dejó de estar en vigor el pasado mes de febrero.

Baglietto señaló que la detención de su patrocinada es propia de "la época del franquismo o como si estuviéramos en Birmania".

El martes, cuando se produjo la detención de Álvarez y Agirre, desde la Audiencia Nacional española se informó de que ambos comparecerían ante Baltasar Garzón a las 10:00 del jueves, pero finalmente la comparecencia se produjo este viernes.

La abogada Jone Gorizelaia denunció que la Policía española hubiera prorrogado «la situación de incomunicación y de detención» de ambos hasta el viernes.

La abogada subrayó que aunque «todo el mundo cree que cuando se producen este tipo de detenciones son los jueces los que toman las decisiones, la verdad es que en este tipo de procedimientos en contra de personas de la izquierda abertzale son los policías los que mandan».

Goirizelaia catalogó de «escándalo y barbaridad» que se prorrogara la incomunicación del mahaikide y la representante del movimiento pro amnistía ya que «no hay ninguna razón jurídica» para hacerlo.

«Las personas detenidas hacen vida política, pública, y están a disposición de cualquier juzgado sin que sea necesario que se dicte una orden de detención y que, además, se les incomunique», explicó.

 
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