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La izquierda independentista vasca acusa a Madrid de apostar por «un nuevo ciclo de confrontación»
El juez estrella español Baltasar Garzón encarcela a 17 dirigentes de la izquierda independentista vasca por ejercer su actividad política

Los dirigentes independentistas vascos Pernando Barrena y Jone Goirizelaia aseguraron que con el encarcelamiento de 17 dirigentes de Batasuna el Gobierno español apuesta "por un nuevo ciclo de confrontación y volencia". La abogada afirmó que el auto de Garzón "sitúa en un estado de excepción jurídica a personas y organizaciones políticas de Euskal Herria".

En una rueda de prensa celebrada en Donostia este lunes, Goirizelaia señalóo las detenciones y los encarcelamientos de dirigentes de la formación abertzale son "un auténtico escándalo" y que "el auto de Garzón sitúa en un estado de excepción jurídica a personas y organizaciones políticas de Euskal Herria".

La letrada afirmó que el magistrado de la Audiencia Nacional española ha utilizado, para proceder de esta forma, "un criterio de actuación política y no jurídica".

Por su parte, Barrena, preguntado por si teme que se le encarcele también a él, manifestó que "el miedo" que le da que pueda ingresar en prisión, "no es nada en comparación con la confrontación que pueda crear" las detenciones y encarcelamientos de miembros de la izquierda independentista.

En su opinión, con esta decisión, el gobierno de Zapatero "apuesta por un nuevo ciclo de confrontación y de violencia, y se convierte en el mayor apologeta de la violencia política".

Así, el mahaikide consideró que las detenciones y los encarcelamientos "escenifican el guión que el PSOE puso sobre la mesa" del juez Garzón, y destacó que "los que impulsan ahora esas detenciones son los que hasta ahroa nos llamaban, un día sí y otro no, por teléfono", y que ahora "pretenden criminalizar la paz".

Asimismo, responsabilizó de la situación al PSOE y al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que "ha decidido que es hora de vendetta y que el que hace la paga".

Según explicó, el PSOE "quiere hacer pagar a la izquierda abertzale el ridículo que hizo ante los agentes internacionales en la mesa de negociación del proceso negociador cuando rechazó la propuesta de acuerdo que puso sobre la mesa el equipo de observadores internacionales, a la que la izquierda abertzale dio su visto bueno, cuando rechazó la propuesta de desarme que ETA hizo al Gobierno español y llevó el proceso negociador al colapso".

Por su parte, Jone Goirizelaia afirmó que es "un auténtico escándalo que se detenga, incomunique, y prive de derechos fundamentales" a personas que "hacen una actividad pública y política".

La abogada consideró que el auto de Garzón "nos sitúa frente a una situación de excepción jurídica contra personas y organizaciones por actividades políticas en Euskal Herria".

En ese sentido, destacó que el auto recoge que los detenidos y encarcelados "tienen fines violentos, y considera que así lo son la independencia y el derecho a la autodeterminación".

Goirizelaia aseguró que se "criminaliza" a los encarcelados "por lo que piensan", como "en un estado de excepción", y además, señaló que "lo que se criminaliza y castigan son actitudes omisivas, el no hacer lo que el instructor considera que se debe de hacer".

Por todo ello, consideró que Garzón "utiliza un criterio de oportunidad política claro" ya que "dice que hasta junio esas actividades se podían llevar adelante, y a partir de junio no se pueden hacer y son actuaciones en contra de la paz".

A su juicio, el auto refleja que "hay un acuerdo entre el poder judicial y político para actuar vulnerando derechos". "El juez hace valoraciones totalmente políticas" y "decide por encima de las leyes, no recurre a la legislación del Estado si no que en su auto legisla", lo cual "provoca una situación de inseguridad jurídica", consideró.

Asimismo, recordó que Garzón en el auto "anuncia más actuaciones contra personas, partidos y organizaciones en función de la investigación policial y judicial que se está llevando adelante".

Finalmente, Goirizelaia exigió la "inmediata puesta en libertad" de todos los encarcelados porque "únicamente han llevado a cabo una actuación política y de defensa d elos derechos de este país".

 
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