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PSOE e IU pactan una Ley de Desmemoria Histórica que mantiene en vigor las sentencias de los consejos de guerra y tribunales fascistas
Una nueva infamia escupida sobre los cadáveres de los demócratas condenados y asesinados por el fascismo

En nombre de la "izquierda" se consagra la impunidad del fascismo y la validez de las sentencias de sus tribunales de excepción y sus consejos de guerra. No otra cosa es el contenido real de la llamada con total cinismo "Ley de la Memoria Histórica" que este lunes pactaron PSOE e IU, cuenta con el apoyo de CiU, PNV, IU-IC, BNG, Chunta Aragonesista, NC y Nafarroa Bai. En cambio, ERC ha sabido mantener la dignidad de la izquierda.

El PSOE anunció este lunes el "desbloqueo definitivo" en las negociaciones para que esa Ley pueda ser aprobada por el parlamento español antes de que concluya la legislatura. Su previsión es que el texto sea debatido por el Congreso de los Diputados en la última sesión plenaria de octubre, inmediatamente después del debate presupuestario.

El proyecto llevaba más de dos años atascado e incluso el gobierno español se planteó la posibilidad de retirarlo. Ahora, tras intensos meses de conversaciones bilaterales con los grupos de la oposición, el portavoz del Grupo parlamentario del PSOE, Diego López Garrido, anunció que se ha logrado "un alto grado de acercamiento sobre las bases y elementos esenciales".

El "acuerdo de bases" incluye, según indicó López Garrido, a CiU, PNV, IU-IC, BNG, Chunta Aragonesista, Nueva Canarias y Nafarroa Bai.

A pesar de que algunos de los grupos citados por López Garrido mantienen, cuando menos, discrepancias parciales, el portavoz socialista sostuvo que "tenemos elementos de acuerdo sólidos". De hecho, sólo IU dio ayer por cerrado e irreversible el acuerdo, a falta sólo de algún detalle de redacción.

En cuanto al tema clave de la anulación de los juicios y condenas celebrados durante el fascismo, López Garrido se lavó las manos con aquello de que el consenso pasa por deslindar "el territorio del legislador y el de los tribunales".

La ley se limitará a incluir una ambigua declaración sin efectos prácticos sobre el carácter "injusto e ilegítimo" de aquellos procesos. Y con total desfachatez, Garrido descubre da la gran alternativa: los ciudadanos que lo deseen podrán apelar a esa declaración para recurrir ante el Tribunal Supremo.

Es decir, lo que ya se viene haciendo con el resultado de que el Tribunal Supremo desecha sistemáticamente todos los recursos y se niega a revisar hasta las causas más flagrantemente infames. "La ley será un nuevo instrumento que puede ser utilizado ante los tribunales, pero el legislador no le va a decir a los jueces lo que tiene que hacer. Serán los jueces los que decidan", dejó caer Garrido, como si no supiéramos de qué va la cosa.

IU se ha entregado finalmente al PSOE en esta materia, aunque el ínclito Llamazares se atrevió a decir este lunes que la Ley tendrá que ser interpretado por los jueces y que se queda "muy cerca de la anulación". El PCE residual que queda en IU se opone a la Ley, pero no pintan ya nada en la coalición.

Por su parte, el portavoz de CiU en el Congreso, el derechista católico Josep Antoni Duran i Lleida, matizó desde Lisboa que "acuerdo no hay ninguno" todavía, sino únicamente un diálogo abierto. No obstante, también reconoció que han sido atendidas algunas de sus reivindicaciones.

"El diálogo ha permitido que se puedan introducir aspectos novedosos en la ley como es el reconocimiento de que hubo en la Segunda República delitos cometidos por razones de persecución religiosa, lo que nada tiene que ver con el franquismo o la dictadura", destacó, refiriéndose a una de las reclamaciones de su grupo sobre la supuesta persecución y "martirio" de los sacerdotes colaboracionistas con el fascismo por parte de las milicias republicanas.

Con el PNV hay un escollo imposible de solventar: los nacionalistas vascos exigen la devolución de documentos del Archivo de Salamanca y el gobierno español se niega a asumir ese coste político al final de la legislatura. La solución será que este partido vote el resto de la ley y mantenga su enmienda viva hasta el Pleno. Al no ser ley orgánica no requiere mayoría absoluta.

Por su parte, el grupo parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) denunció este lunes que, al no incluir el imprescindible reconocimiento de la condición jurídica de víctima, se "condenará a los represaliados del franquismo a tener que ir a título individual a reclamar a los tribunales de Justicia". Un lento y costoso proceso que supondría un “auténtico vía crucis judicial y burocrático”, una “humillación” para las víctimas.

Además, ERC se quejó de que, a instancia de CiU, la ley pueda dedicar una mención a las víctimas de la denominada "violencia republicana" durante la Guerra Civil, lo que, a su juicio, supone "equiparar los dos bandos enfrentados y avalar las tesis de los revisionistas". "Parece que se olvide que la Guerra llegó por un golpe de estado, por un alzamiento militar".

Por último, los republicanos reiteran sus críticas al proyecto por no anular los juicios franquistas lo que, desde su punto de vista, "legitima" los "tribunales de la dictadura".

 
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