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La RIC, que ya nos ha costado 13.000 millones de euros, supondrá otros 7.000 millones más a las arcas públicas hasta 2013
El gobierno colonial no quiere que haya que cumplir con las inversiones presentadas en los planes que exige el nuevo reglamento

Dinero público regalado a un puñado de capitalistas en forma de impuestos no pagados. Ese regalo, que ya ha costado más de 13.000 millones de euros a las arcas públicas, se incrementará en otros 7.000 millones saqueados en el periodo 2007-2013.

La Reserva para Inversiones de Canarias (RIC), es el instrumento que permite a las grandes empresas reducir sus impuestos a cambio de una supuesta reinversión, cuya materialización no se controla. Sobre la espectativa de unos 18.000 millones de euros en la economía canaria entre los años 2007 y 2013, hecha por el gobierno colonial, lo cierto será que el Estado y la Comunidad Autónoma Canaria (CAC) dejarán de ingresar 7.000 millones de euros, el 90% del Impuesto de Sociedades que se embolsillan los grandes capitalistas.

Estas cifras millonarias no incluyen los aproximadamente 4.000 millones pendientes de materializar que los empresarios habían comprometido en la RIC hasta 2006, y cuya inversión se seguirá rigiendo por la legislación anterior hasta 2011. La RIC fue prorrogada en 2006 al amparo de las políticas neoliberales de Unión Europea.

Para evitar que ese dinero regalado a los grandes capitalistas pueda ser debidamente controlado, el gobierno colonial ya ha elevado al Estado varias propuestas para corregir el futuro reglamento. La propia Matilde Asián, viceconsejera de Economía y Asuntos Europeos señala que «el Ejecutivo considera que el texto del reglamento debe modificarse para que sea más flexible».

Entre los aspectos más llamativos, Asián considera «excesivo» el control que se va a ejercer a través de los planes de inversión que se exigirán a las empresas para que justifiquen en qué van a invertir la RIC.

Para Asián, estos altos requerimientos de información «precisan de un desarrollo reglamentario que evite imposición de sanciones por cualquier inexactitud, y evite de paso la inseguridad jurídica».



 
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