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Ola de detenciones después de que el Tribunal Supremo español haya declarado que la organización juvenil vasca Segi es terrorista
«Grave politica de venganza»

El Tribunal Supremo español (TSE) ha declarado que Jarrai, Haika y Segi son "organizaciones terroristas" y no "asociaciones ilícitas", como consideró la Audiencia Nacional española en una sentencia hecha pública en junio de 2005. Este tribunal ya ha ordenado la detención de 23 jóvenes.

El TS ha elevado las penas impuestas a 23 de los 24 condenados por la Audiencia Nacional, tribunal que les impuso penas de entre dos años y medio y tres años y medio de cárcel y que el TS ha elevado a seis años para todos ellos, al considerarles responsables de un delito de "integración en organización terrorista".

Egoitz López de la Calle Uribarri es el único que ha sido absuelto.
El fallo no se ha producido por unanimidad ya que tres de los cinco miembros de tribunal han votado a favor y los dos en contra. Estos últimos han presentado votos particulares a la sentencia.

Nada más hacerse público el fallo, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se ha apresurado a ordenar la detención de los 23 jóvenes, la mayoría de los cuales ya cumplieron los cuatro años máximos de prisión preventiva.

Este viernes fueron detenidos tres miembros del entorno juvenil de Batasuna, entre los que se encuentran Amaia Arrieta e Igor Ortega. El jueves fue detenido en Bilbao Iker Frade por colocar pegatinas en una guagua en apoyo a De Juana Chaos.

También han sido lanzadas papeletas por las calles de Bilbao en las que se anima a la "juventud de Euskal Herria a seguir en la lucha organizada".

El fallo del Supremo ha llegado un día después del plazo fijado en un principio para el dictamen (18 de enero), aunque el lunes pasado el tribunal decidió aplazar por segunda vez otros quince días las deliberaciones, hasta el 8 de febrero.


REACCIONES

Numerosos agentes vascos, y otros como ERC, coincidieron ayer en criticar el fallo que declara «terrorista» a Segi y en alertar de sus efectos negativos de cara a la puesta en marcha de un proceso en Euskal Herria.

Mientras Lehendakaritza se preguntaba por el motivo del giro de los tribunales españoles, desde la izquierda abertzale se utilizaron calificativos como «venganza» y se afirma que el ataque tiene un objetivo de fondo: tratar de frenar el independentismo.

Fuentes de Lehendakaritza señalaron tras conocer el fallo, antes que nada, que «la kale borroka no es el pilar sobre el que se pueda sustentar un proceso de paz, pero de ahí a considerar que Jarrai es una organización terrorista va un trecho».

Desde Lakua insistieron en asegurar que «es evidente que hay y ha habido jóvenes que han practicado y practican de forma inhumana y estúpida la violencia con la kale borroka». Pero se preguntaron «la razón para modificar la sentencia de la AN» y cómo se va a aplicar la doctrina en lo sucesivo.

Desde EA, su número dos, Unai Ziarreta, denunció que el Tribunal Supremo español «está jugando un papel político muy claro en un momento muy delicado», en alusión a anteriores decisiones como la persecución a las herrikos. Esta formación tildó de «cuestionable» el fallo conocido ayer.

Ziarreta, además, subrayó que «en un momento en el que tenemos que tender puentes y reconstruir confianzas que puedan haberse visto dañadas, este tipo de resoluciones judiciales en nada ayuda a superar la situación actual».

Gazte Abertzaleak, organización juvenil de EA, también emitió una nota de prensa en la que constata que este fallo va «contra todos los han manifestado su voluntad de avanzar en un proceso de paz y normalización política para este país».

ERC, a través del presidente de su grupo parlamentario en el Congreso español, Agustí Cerdá, declaró que la decisión del Tribunal Supremo español «no contribuye a retomar el clima de normalidad y diálogo».

Asimismo, Cerdá destacó que «no ha sido una decisión unánime [sólo tres de los cinco jueces que componían el tribunal la firman]» y apostilló que «da la sensación que hay elementos extrajudiciales que han tomado cuerpo y han podido influir» en la condena.

Mikel Basabe, portavoz de Aralar, señaló que la sentencia supone «volver a las fórmulas del pasado y de ninguna manera es una solución para el momento actual». Además, a juicio de Basabe, «no hay razones para volver a esas fórmulas. Jarrai, Haika, Segi, y cómo no, Batasuna, también han de ser legales».

En una nota de prensa, el sindicato abertzale LAB quiso mostrar su rechazo al fallo del Alto Tribunal español. En opinión de la central, se trata de una «grave decisión y un paso más en la criminalización y persecución de la actividad política y asociativa».

Además, LAB señaló que «el aumento de condenas y las ordenes de detención que están en marcha son una vuelta de tuerca peligrosa y dejan entrever una estrategia de venganza ante la incapacidad del Gobierno español de gestionar la oportunidad abierta con el alto el fuego de marzo de 2006». Ante ello, recordaron que «no es así como se va a poder desarrollar y relanzar un proceso de paz y soluciones democráticas». Así las cosas, LAB remarca la «necesidad de impulsar y desarrollar un proceso democrático; es la única alternativa para superar el conflicto político».

En consecuencia, trae a colación que «no habrá proceso mientras se siga apostando por leyes de excepción y estrategias de persecución contra la izquierda abertzale».

ANV subrayó la «gravedad» de esta sentencia. La histórica formación política de la izquierda abertzale incidió en que constituye, «además de una barbaridad e injusticia, un ataque directo tanto a la sociedad vasca como al proceso de normalización política». Para ANV, «han querido castigar a la disidencia juvenil usando los mismos argumentos de un régimen totalitario». Por tanto, instaron al Gobierno de Ibarretxe a aplicar el «pase foral» ante la orden de los tribunales españoles.

El organismo antirrepresivo Askatasuna resaltó que «lo que se ha denominado como terrorista es un proyecto independentista». Así, Askatasuna instó al Gobierno español «a que deje la vía de seguir negando la palabra a este país mediante la represión, cuyo objetivo es cerrar las puertas a un futuro democrático».

Askatasuna llamó a «la unión de todas las fuerzas democráticas para construir un marco y unas condiciones democráticas que puedan llevar a Euskal Herria a ser dueña de su futuro, sin injerencias ni mecanismos de tutela y represión».

Zutik también mostró su «rechazo» a la resolución que condena a 23 jóvenes abertzales a seis años de prisión y destacó que el fallo «manifiesta la necesidad del cambio de las leyes que recortan derechos básicos de un sector de nuestra sociedad».

 
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