LA
18 de agosto de 2011   
 
··· Canarias
Salta otra liebre: CCOO y UGT vendieron a los empleados públicos canarios a cambio de 10 liberados

LA noticia no nos coge de sorpresa, pues ya lo habíamos venido anunciando, y además de forma repetida: el texto del llamado "Pacto de Concertación Social" que firmaron las sucursales en Canarias de los Sindicatos españoles CCOO y UGT, la Patronal y el Gobierno autonómico durante la última pre-campaña electoral contenía una serie de Cláusulas "opacas" con vocación de mantenerse en el "secretismo", y que consistían en una serie de contraprestaciones con cargo al erario público, que recibirían estos traidores a la Clase trabajadora, a cambio de la vileza cometida, entre otros motivos por dar un "balón de oxígeno" a un Gobierno falsamente "nacionalista" (en todo caso siervo del nacionalismo españolista), falto de resuello, que había venido imponiendo unilateralmente, especialmente durante los dos últimos años, durísimas medidas antisociales contra la clase trabajadora canaria en general, y contra las y los empleados públicos canarios en particular.

Pero como quiera que "la mentira tiene las patas cortas", poco a poco van aflorando los chanchullos: el penúltimo que ha salido a la luz consistió en premiar a los Sindicatos firmantes con la adjudicación de 20 liberados sindicales, a escoger por ellos mismos de entre las y los empleados que están al servicio (y cobran) de las Administraciones y Empresas Públicas. Ello se llevó a cabo mediante un procedimiento absolutamente impropio de una Administración Pública: Resoluciones administrativas que se mantuvieron en el más absoluto de los secretos (por supuesto, sin publicación en el Boletín Oficial)... hasta que (como no podía ser de otro modo) alguien dio el correspondiente variscazo en la mata oportuna... y saltó la hedionda liebre: un nuevo escándalo está servido. El periódico "El Día" publicó en su edición del jueves, a toda plana, la noticia (pincha aquí para ver la Portada), que reproducimos a continuación. El escándalo está servido...





¿Por qué el Gobierno canario aprobó conceder "permisos sindicales retribuidos a tiempo completo" a diez empleados públicos afiliados de Comisiones Obreras (CCOO) y otros tantos de Unión General de Trabajadores (UGT) a una semana de comenzar la campaña electoral? El Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) e Intersindical Canaria (IC) creen que lo saben, pero lo que sí es seguro es que la Dirección General de la Función Pública autorizó entonces la medida a pesar de que el Ejecutivo regional insistía en esa época ante la opinión pública en la necesidad de acabar con los liberados para que se incorporaran a trabajar en sus puestos en la Administración cuanto antes debido a los efectos de la crisis.

El secretario de Organización de Sepca, José Ricardo Cómez, y el responsable de la Coordinadora de Empleados Públicos de IC, Rafael Rodríguez, coinciden en señalar que la medida está vinculada al hecho de que tanto CCOO como UGT quedaron como interlocutores únicos frente al Gobierno en las negociaciones de los empleados públicos con el Ejecutivo regional en un momento delicado para el Gobierno, pues este colectivo demanda (aún hoy) el cumplimiento de medidas acordadas en convenios anteriores -como aportaciones a los planes de pensiones o ayudas de estudios, entre otros muchas- que la Administración suprimió de forma unilateral a través de la actual Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.

Y es que las conversaciones comenzaron poco después de la aprobación de esa norma -pero tras las quejas y amenazas de huelga de algunos de los representantes de este colectivo al Gobierno regional- a finales del año pasado, aunque se fueron prolongando hasta acercarse a la fecha de las pasadas elecciones autonómicas, en mayo.

Cabe recordar que ese proceso se inició en el seno de la Mesa General de Empleados Públicos, en la que los cuatro sindicatos tienen representación, pero luego la negociación se trasladó al ámbito de la "concertación social", en la que solo participan las dos organizaciones mayoritarias: CCOO y UGT.

Tanto Sepca como IC se muestran convencidos de que la concesión de 20 liberados sindicales a CCOO y UGT está relacionada con ese hecho, pues ambos denunciaron entonces -y siguen afirmando ahora- que la condición fundamental que impuso el Gobierno para mantener abierta la vía del diálogo fue que se asegurara la "paz social", o lo que es lo mismo, que los sindicatos garantizaran que los empleados públicos se abstendrían de movilizarse y de convocar una huelga a las puertas de unas elecciones municipales y autonómicas que ya se presentaban complicadas para el partido gobernante sin el añadido de un conflicto laboral de esta naturaleza.

Rodríguez, por su parte, asegura que la Administración planteó desde el principio intercambiar liberados por concesiones de los sindicatos, una iniciativa a la que IC "siempre se opuso".

Existe, además, otro aspecto que tanto Sepca como IC ponen de manifiesto y es que desde finales del año pasado, y a lo largo de todo 2011, en la Administración canaria se vienen celebrando (y están aún por efectuarse en el segundo semestre de este ejercicio) muchos procesos electorales en el ámbito sindical. El último fue la semana pasada en la Consejería de Bienestar Social para el personal laboral, explica Rodríguez, que lamenta que con la decisión del Ejecutivo se produce una desigualdad entre los sindicatos a la hora de prepararse para esas elecciones.

Cómez está de acuerdo y recuerda que en el último trimestre del año están previstas varias elecciones sindicales para los funcionarios de la Comunidad.

RESOLUCIONES SIN PUBLICAR EN EL BOC

La resolución 378 del 29 de abril de este año que concede los liberados a UGT, incluye un listado de las diez personas a las que afecta la medida. En cambio, la resolución 379 (de la misma fecha), que es la que autoriza la dispensa sindical a los diez empleados públicos afiliados a CCOO, incluye solo ocho nombres. En todo caso, IC y Sepca critican la ambigüedad del acuerdo que da pie a la Administración autonómica para aprobar esta medida y ambos ponen en tela de juicio la validez que puedan tener los acuerdos que sobre las reivindicaciones de los empleados públicos de la Comunidad se adopten en el ámbito de la concertación social. "Deben acordarse en la Mesa General de Empleados Públicos", advierten.
 
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