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13 de marzo de 2012   
 
··· Canarias
29 de Marzo HUELGA GENERAL POPULAR
Preaviso de huelga presentado por los sindicatos de clase de Canarias

A LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO DEL GOBIERNO DE CANARIAS

AL SERVICIO DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO DEL GOBIERNO DE CANARIAS (SEMAC)

A LA DELEGACION DEL GOBIERNO EN CANARIAS

A LA DIRECCION GENERAL DE LA FUNCION PUBLICA DE CANARIAS

 

            Doña Luz del Carmen Rodríguez Gangura con DNI 43253376-J y domicilio a los efectos del presente en la Ada. Primero de Mayo nº 33- 3ºA, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, con teléfonos de contacto 928431600 y 677915210 y fax 928431603,  representante legal de la Confederación Intersindical Canaria.

            Doña/don….

 

                                               EXPONEN:

            Que por medio del presente escrito, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, Título I, sobre derecho de huelga,  formula PREAVISO DE HUELGA GENERAL para el día 29 de marzo  de 2012 y, desde las 00´00 a las  24´00 horas, en el ámbito territorial de Canarias y en la totalidad de centros de trabajo dependientes de cualquiera de las administraciones públicas, administración central del estado, empresas e institutos dependientes de la misma, Seguridad Social, Administración Autonómica, institutos y entidades dependientes de la misma, Administración local, Cabildos Insulares, Ayuntamientos y empresas, entidades e institutos dependientes de las mismas, extensivo a personal laboral y funcionarial, así como al conjunto de empresas del ámbito privado, cualquiera que fuera el sector de su actividad.

 

El presente preaviso de huelga tiene como antecedentes los siguientes:

Canarias vive una situación de extrema gravedad social y laboral, caracterizada, entre otros, por los siguientes indicadores:   un desempleo que se acerca al 31% y sobrepasa las  341.900 personas (EPA al 31 de diciembre de 2011); del desempleo registrado al 29 de febrero de 2012, el 50% son personas desempleadas de larga duración; al 31 de enero de 2012, el 37% de las personas desempleadas y registradas,  no perciben ningún tipo de prestación pública, ni subsidio, ni renta activa, careciendo por tanto de ingresos registrados;, el empleo es precario y de mala calidad, del total de contratos existentes en Canarias al 31 de diciembre de 2011 el 51% es precario, en el pasado mes de enero de 2012, el 91% de los contratos celebrados fue precario; con un 15,5%  de hogares  con todos sus miembros en desempleo;  una de cada dos personas menores de 25 años se encuentra en situación de desempleo al cierre del año 2011; el 50´10 de los empleados y empleadas en Canarias perciben un salario inferior a los 1.000 euros/mes; la Red Europea contra la Pobreza (EAPN) asevera que en el año 2010  el 35´3% de la población canaria se encontraba en riesgo de pobreza y de exclusión social, mientras que la media en el Estado español era de 9´8 puntos menos; respecto a la media del estado español la clase trabajadora de Canarias se encuentra a la cola de los salarios,  de los incrementos salariales, de las pensiones y de las percepciones por desempleo; con los mayores índices de fracaso escolar y de abandono de los estudios; la más prolongada lista de espera para atención médica; la cesta de la compra más cara; es la comunidad con menor aplicación de la Ley de Dependencia, siendo el gasto por habitante de 18 euros en este concepto, cuando la media estatal es de 81´07 euros (cuatro veces y media más); su población recibe de los presupuestos estatales menos que la media del Estado;  sin otra salida que la emigración forzosa por la escasez de oportunidades existentes en Canarias para una vida digna, según datos del Instituto Nacional de Estadística, desde el año 2.008 al cierre de 2.011 el número de habitantes del Estado español en el extranjero aumentó en el 25´6 %, siendo Canarias el lugar con mayor incremento de personas expatriadas con  el crecimiento del 51´5% (25´9 puntos superior).

A todo ello se unen las políticas realizadas por el gobierno de Canarias de recortes presupuestarios en los servicios a la ciudadanía, especialmente en los sectores de salud, enseñanza y servicios sociales; la privatización de servicios públicos y la apuesta por un modelo de función pública, que se aleja de la calidad de los servicios y supone un claro atentado a los intereses de las personas que prestan servicios en las administraciones públicas en Canarias.

Las resoluciones del Consejo de Ministros del gobierno del PSOE, del pasado día 20  de mayo de 2010, vienen a agravar esta, ya desoladora, situación al rebajar las retribuciones de las personas al servicio de las administraciones públicas, congelar las pensiones, paralizar  las ayudas a la maternidad, reducir la inversión pública, eliminar la retroactividad de la ayuda a la dependencia.

Agravamiento que se profundiza con la contrarreforma laboral del gobierno del PSOE (Ley 35/2.010), con la modificación de la negociación colectiva (Real Decreto Ley 7/2.011) y con el atentado a las personas pensionistas actuales y futuras que supuso la reforma del sistema de pensiones (Ley 27/2011).

La grave situación que atraviesa Canarias, cercana a una quiebra social, con un diferencial en negativo con respecto a otros territorios del Estado, se está viendo especialmente ahondada con las políticas socio-laborales promovidas y desarrolladas por el gobierno  del Estado del PSOE en  años anteriores (ya citadas), así como por el actual gobierno del PP. Ante una situación de crisis han apostado claramente  por una salida de la misma en la que el peaje de ese recorrido sea puesto por la mayoría social: trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena, autónomos y autónomas, pensionistas, desempleados y desempleadas, personas dependientes, etc.; legislando en su contra y facilitando el empoderamiento empresarial, tanto a la hora de contratar, como a la de establecer las condiciones de trabajo, como a la de despedir.

Sobre la grave situación de Canarias,  la Reforma Laboral contenida en el Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, profundiza ahora la pérdida de derechos de la mayoría social efectuada en anteriores reformas. Sin embargo, su  calado, representa un claro atentado que ya está marcando un antes y un después. No aspira a solucionar el desempleo o a la reactivación de la economía; lejos al contrario, genera un estado de sitio laboral con el que satisfacer las más injustas y añejas aspiraciones del poder económico y empresarial, provocando un empoderamiento de alcances inusitados de la minoría social. Pudiéndose destacar entre otros, a cual más lesivo,  los siguientes aspectos: Facilita  al empresariado los despidos objetivos y colectivos, minorando al límite los inconvenientes empresariales para ello (empresas con grandes beneficios podrán despedir con 20 días por año hasta un máximo de 12 mensualidades y sin la necesaria autorización de la autoridad laboral que si era exigible anteriormente). Abarata el despido improcedente al generalizar el despido de 33 días/año hasta 24 mensualidades, frente al de  45 días/año hasta 42 mensualidades (a extinguir) y, encima, elimina los salarios de tramitación. El sector público queda como sector al que le es aplicable las causas de despido objetivo y ERE, creando encima un nuevo supuesto de extinción de contratos “insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente”.  Se desarrolla la neo-esclavitud juvenil con el contrato de aprendizaje y formativo, con un salario para el primer año de 481´05 euros/mes y que, encima, ya no queda limitado a tres años, sino a tantos contratos entre 16 y 30 años como actividades formativas desarrollen las personas jóvenes; sector por otro lado ya castigado con el Plan Bolonia que introduce la mercantilización de la educación y el deterioro del carácter público de la misma, generando barreras económicas para el acceso a la educación. Se establece un nuevo contrato, denominado “indefinido para emprendedores” que será utilizado como un contrato temporal acausal, dado que en dicha forma contractual el período de prueba es de un año, pudiéndose extinguir en ese plazo sin indemnización alguna al aducir no superación del período  de prueba. Facilita la movilidad geográfica y la modificación sustancial de las condiciones de trabajo; desregula la negociación colectiva favoreciendo el descuelgue salarial de las empresas; levanta el veto a las ETTs para que operen como agencias de colocación, debilitando aún más el servicio público de intermediación laboral. Castiga a las personas empleadas que enfermen, permitiendo a las empresas que realicen despidos objetivos (20 días hasta 12 meses), si existieran dos situaciones de baja que supongan el 20% de la jornada hábil en 2 meses. Etc.

Con estos antecedentes y en base a la legislación vigente se presenta este preaviso de huelga general en Canarias desde las 00.00 horas del día  29 de marzo de 2012 hasta las 24 horas del citado día, con las siguientes reivindicaciones:

a)     Retirada de la Reforma Laboral aprobada por el Consejo de Ministros  a través del Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, publicado en el Boletín Oficial del Estado con fecha  11 de febrero de 2012.

b)     Retirada de cualquier Proyecto de Presupuestos Generales del Estado que suponga merma de los servicios esenciales a la ciudadanía.

c)      Políticas activas contra la exclusión social y la pobreza en Canarias, así como políticas activas de fomento de empleo.

d)     Cese inmediato de las políticas de privatización del Gobierno de Canarias en los distintos servicios públicos, especialmente en sanidad, educación y servicios a la comunidad. Así como aumento de los presupuestos del gobierno de Canarias en sanidad, educación y servicios sociales.

El Comité de Huelga estará conformado por las siguientes personas:

           

                        A efectos de notificación el Comité de Huelga estará domiciliado en

            Que se proponen como servicios esenciales el espíritu de lo recogido en  la STC 51/1986, de 24 de abril, es decir los que  “permitan mantener una capacidad de presión suficiente como para lograr sus objetivos frente a la empresa” (en este caso Consejo de Ministros y Gobierno de Canarias).

 

                                                           Canarias a  de marzo de 2012.

 
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