MAGEC - prensa canaria : Canarias : La corrupción que no cesa
26 de septiembre de 2008   
 
··· Corrupción
La corrupción que no cesa
¿En qué se utilizan los Fondos Estructurales, concedidos por la Unión Europea?

Unos 30 millones de euros concedidos por la Unión Europea a Canarias en concepto de Fondos Estructurales para el desarrollo de las "zonas deprimidas", y utilizados para la construcción de hoteles de lujo en Lanzarote, podrían ser reclamados ahora por la Comisión Europea.  Así lo ha manifestado la Comisaria Europea de Política Regional, Danuta Hübner, quien advirtió que la Comisión mantiene abierta una investigación sobre estas ayudas concedidas a finales de la década de los noventa y principios del 2000.

A comienzos del presente año, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anulaba 22 licencias de complejos turísticos concedidas por los ayuntamientos de Yaiza y Teguise que, entre otras cosas, incumplían la moratoria turística del año 2000.  Entre los proyectos ilegales beneficiados por la financiación europea se encuentran el hotel Princesa Yaiza, con 4,092 millones de euros; el hotel Gran Meliá Volcán de la empresa Lanzarote 6 SA, con más de 3 millones en ayudas; el hotel "Rubicón Palace" de la empresa Teide 10, con 7 millones de euros o el  hotel Iberostar Papagayo de Riversun inmuebles, con 1,5 millones de euros; entre otros. En algunos casos, la ayuda europea cubrió el 25% del coste total de ejecución de las obras.

El 17 de marzo el escándalo destapado gracias a la sentencia judicial del TSJC traspasaba el ámbito insular, cuando el diario El País le dedicaba su portada bajo el ilustrativo titular “un tercio de los lujosos hoteles de Lanzarote son ilegales”. La noticia era reproducida por los medios de todo el Estado, poniendo el dedo una vez más sobre la sangrante llaga de la corrupción urbanística que asola el Archipiélago.

Pese a la gravedad del hecho, y según ha manifestado la Comisaria Danuta Hübner, ningún representante del Gobierno español proporcionó esta información a la Comisión Europea, que comenzó a examinar la utilización de los fondos estructurales a raíz de las denuncias efectuadas por los eurodiputados de Los Verdes David Hammerstein y Bart Staes. Por su parte, el Gobierno de Canarias, por boca de su consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial Domingo Berriel, respondió pronto a las voces que pedían una demolición de los hoteles cuyas licencias habían  sido anuladas por la citada sentencia judicial. Berriel, que consideró “surrealista” esta posibilidad, afirmó y reiteró que “era partidario de legalizar los establecimientos turísticos que se encuentran fuera de la legalidad en la isla”. Para el consejero - que coincide en este punto con la interpretación hecha por el alcalde de Sta. Cruz de Tenerife sobre el caso de Las Teresitas - “en la mayoría de los casos las ilegalidades se deben a cuestiones de tipo formal”, resolubles “simplemente retrotrayendo el expediente y haciendo lo que dice la sentencia que falta por hacer”.

Para “legalizar lo que se encuentra fuera de la legalidad”, el Ejecutivo Autonómico ha echado mano de la Ley de Medidas Urgentes, instrumento con el que espera  regularizar los 22 hoteles cuyas licencias fueron anuladas por los tribunales. El pasado mes de agosto Domingo Berriel se reunía con los empresarios de Asolan y los ayuntamientos de Yaiza y Teguise para consensuar un texto que facilitara dichas regularizaciones. Se trataría -según Berriel - de “analizar caso por caso  y estudiar cuál es la mejor fórmula para subsanar las deficiencias que advirtieron los tribunales”. Y aunque el consejero no se atrevió a descartar tajantemente que “algún hotel estuviera fuera de ordenación”, se mostró confiado en que, también en tales casos, puedanencontrarse soluciones alternativas al derribo de los establecimientos hoteleros.  Aunque, eso sí,  “dentro de la legalidad”. 

Así las cosas, la infinita elasticidad en la interpretación de las leyes vigentes por parte del Ejecutivo autonómico, junto al siempre útil procedimiento de legislar ad hoc cuando lo requieren los patrocinadores de sus campañas, podría desembocar en una paradójica situación. La UE podría llegar a exigir a Canarias la devolución de los más de 30 millones de euros destinados a construcciones que vulneraron la legalidad, mientras los beneficiarios de los fondos continúan con sus productivos negocios como si el asunto no fuera con ellos. Y es que, como se ha encargado de recordarnos amablemente el consejero Berriel,  “hecha la ley, hecha la trampa”.
 

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